Empresarios de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Laguna, denunciaron públicamente una cadena de presuntas extorsiones y abusos de autoridad derivados de un vacío legal en el transporte de combustible para autoconsumo en obras, situación que aseguran, ha permitido detenciones arbitrarias, retención de unidades y exigencias económicas que alcanzan hasta el millón de pesos.
De acuerdo con Alejandro Jiménez Algara, presidente de CMIC Laguna, el problema, radica en que la legislación federal únicamente contempla permisos para transportar volúmenes superiores a 75 mil litros, mientras que por debajo de esa cantidad no existe regulación ni mecanismo para tramitar autorización alguna. Es decir, las empresas no pueden obtener un permiso porque simplemente no está previsto en la ley, pero aun así se les exige.
“Nos piden un documento que no existe. Y como no existe, quedamos a expensas de quien nos detiene”.
Detalló que el caso más reciente ocurrió hace menos de 15 días en la región Laguna, cuando un operador fue interceptado mientras trasladaba entre 200 y 300 litros de diésel para abastecer maquinaria en una obra. De acuerdo con el empresario afectado, el chofer fue incomunicado y la unidad fue retirada bajo el argumento de no contar con un permiso inexistente, sin embargo ni siquiera ingresó formalmente al corralón, permaneció fuera mientras, según relatan, se negociaba el pago.
Indicó que el monto exigido en ese caso habría escalado hasta el millón de pesos; aunque finalmente el operador y el camión fueron liberados tras intervención y presión, no se presentó denuncia formal. No obstante, denunció que el año pasado se registró otro episodio similar con una exigencia cercana a los 300 mil pesos.
Señaló que estos hechos no son aislados y que se han repetido durante años, afectando tanto a empresas de la construcción como a otras industrias que trasladan combustible en pequeñas cantidades para autoconsumo.
Advirtió que esta laguna normativa ha abierto la puerta a interpretaciones discrecionales y a prácticas que podrían constituir delitos federales.
“Hay detenciones de vehículos, choferes retenidos, pérdidas de tiempo y amenazas económicas desproporcionadas. Todo bajo un vacío legal que nadie ha querido corregir”.
Aunque reconoció el respaldo del Gobierno estatal y de autoridades locales para implementar capacitaciones y habilitar líneas directas de atención, insistió en que el problema es de fondo y corresponde al ámbito federal.
Lanzó un llamado directo a legisladores y autoridades federales para reformar la ley y establecer reglas claras para el transporte de combustible en volúmenes menores, a fin de cerrar el espacio a abusos.
“El sector construcción no está pidiendo privilegios. Está pidiendo legalidad. Estamos a favor del combate al robo de combustible, pero también exigimos certeza jurídica. No puede ser que por una laguna legal se abra la puerta a extorsiones millonarias”.
Sostuvo que mientras no se modifique la normativa, las empresas seguirán expuestas a criterios arbitrarios en carretera.
“La construcción genera empleo, paga impuestos y detona desarrollo. Lo mínimo que exigimos es piso parejo y reglas claras. Sin eso, cualquiera puede convertirse en víctima del vacío legal”.